lunes, 25 de agosto de 2014

El tipo por la culata (II)




Después de unos años abriendo telediarios, ocupando primeras páginas de periódicos y siendo jaleada como la jueza azote de los socialistas (el rojerío dicen en los foros, resucitando la imaginería propia de la época franquista), la Sra. Alaya decide enviar parte del caso de los Ere´s al Tribunal Supremo por la condición de aforados de Chaves y Griñán. En todo este lapso de tiempo, los dos líderes andaluces han sido el centro de la diana de los simpatizantes del PP como ejemplo perfecto de la corrupta política andaluza y contrapunto de las vergüenzas de Génova, a la vez que eran defendidos por la mayoría de sus afines políticos por representar a dos mártires perseguidos por una jueza imparcial al servicio de oscuros intereses.


El motivo de la imputación de los dos líderes socialistas se basa en que, aunque parece que no se llevaron nada de la caja, propusieron al Parlamento andaluz la aprobación de una serie de normas jurídicas que permitieron a los gestores de las subvenciones públicas adoptar medidas de favor a determinadas personas y colectivos. Se trataba de favorecer a los amiguetes, creando una red clientelar que recompensaba adecuadamente a los que ellos sabían que cortaban el bacalao.


Parece que la cuestión tiene pocos visos de prosperar en vía judicial. Destacados miembros del mundo jurídico se han unido al criterio del Fiscal que dice, entre otras cuestiones, que para que haya imputación debe citarse el delito penal del que se acusa y que en este supuesto se hace una acusación general, sin concretar, en base al más que probable conocimiento que debían tener Chaves y Griñán sobre las prácticas corruptas de sus subordinados. Y que además esas regulaciones favorecían los chanchullos porque con ellas se eliminaron o suavizaron los sistemas de control que hubieran dificultado las intenciones de los mangantes.


No quiero ni pensar las consecuencias que este criterio, de ser avalado por el Supremo y sentar jurisprudencia, puede tener en la clase política de este país. Muchos tenemos certeza – y otros muchos se irán adhiriendo a este club – sobre el cuento de que la clase política es en general inmaculadamente decente y que sólo un porcentaje muy pequeño participa en actividades corruptas. Al día de hoy existe una impresión bastante generalizada sobre, por ejemplo, el conocimiento de los líderes catalanes de las prácticas corruptas en la administración autonómica. No es posible que durante 30 años se haya institucionalizado una tasa del 3% sin que el común de los políticos conociese o hubiese oído hablar del tema. Y entonces ¿habría que imputar a los consejeros catalanes de Hacienda?. Por esa regla de tres, habría que imputar también a los gobiernos que han aprobado las leyes del suelo que han permitido, entre otras cuestiones, la corrupción en el sector del urbanismo. O a los que aprobaron las preferentes, o las leyes de contratación del Estado, o las normas sobre financiación de los partidos, o las de las subvenciones destinadas a la formación de parados y trabajadores,…


La sra. Alaya confunde, con intención maliciosa en mi modesta opinión, las responsabilidades políticas con las penales. No se puede hacer una acusación penal ad hominem sobre todos los responsables de la legislación urbanística por mucho que los ayuntamientos hayan estado plagados de concejales y constructores que se lo han llevado crudo al amparo de esa legislación. Conozco en profundidad el tema de la formación de trabajadores y puedo afirmar sin temor que era de general conocimiento los chanchullos y desmanes que se hacían con estos fondos públicos. Al albur del pueril concepto de consenso político que hemos establecido en este país  - y que nos ha llevado al hundimiento, entre otros, del sistema financiero y de la formación de los trabajadores sobre la base de que sindicatos y empresarios estaban de acuerdo con las medidas porque eran parte fundamental del problema – se han cometido desmanes estructurales con el reparto del dinero destinado a la formación. ¿Debemos meter en la cárcel a todos los que aprobaron leyes y planes sobre la formación, o sólo a los que se han lucrado ilícitamente con ellos?. Porque si hacemos una acusación del tipo Alaya el número de delincuentes obligaría a destinar todo el presupuesto de licitación pública y las sucesivas ofertas de empleo público a la construcción de cárceles y la contratación de funcionarios de prisiones.


Flaco favor se hace a la búsqueda de la decencia porque cuando el Tribunal Supremo deje en agua de borrajas la imputación a Chaves y Griñán, los socialistas sacarán pecho, harán tabla rasa y dirán que todo el tema de los Ere´s era un invento de una jueza que se prestó a intereses políticos. Y al mezclar el grano y la paja, sin diferenciar entre chorizos e  incompetentes, se está propiciando que al final todo quede en grano, cuando hay una clara responsabilidad penal por parte de unos y una evidente responsabilidad política por parte de otros. Pero los anteojos y el cortoplacismo tiene estos inconvenientes: que ante la premura de poner en el estrado incluso a los incompetentes, se acabe bajando del mismo a todo hijo de vecino y que los que deberían haber desaparecido del mapa político sean elevados a los altares políticos como compensación al papel de mártir que han tenido que soportar.

Y luego está la complacencia de los votantes de este país con los corruptos, que es harina de otro costal y que daría para muchas entradas. Pero que en vía judicial se intenten subsanar los problemas que acarrean unos votantes demasiado fieles es mezclar churras con merinas y favorecer que el tiro salga por la culata. Al tiempo… 

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