Después de unos años abriendo telediarios, ocupando primeras
páginas de periódicos y siendo jaleada como la jueza azote de los socialistas
(el rojerío dicen en los foros, resucitando la imaginería propia de la época franquista),
la Sra. Alaya decide enviar parte del caso de los Ere´s al Tribunal Supremo por
la condición de aforados de Chaves y Griñán. En todo este lapso de tiempo, los
dos líderes andaluces han sido el centro de la diana de los simpatizantes del
PP como ejemplo perfecto de la corrupta política andaluza y contrapunto de las
vergüenzas de Génova, a la vez que eran defendidos por la mayoría de sus afines
políticos por representar a dos mártires perseguidos por una jueza imparcial al
servicio de oscuros intereses.
El motivo de la imputación de los dos líderes socialistas se
basa en que, aunque parece que no se llevaron nada de la caja, propusieron al
Parlamento andaluz la aprobación de una serie de normas jurídicas que permitieron
a los gestores de las subvenciones públicas adoptar medidas de favor a
determinadas personas y colectivos. Se trataba de favorecer a los amiguetes,
creando una red clientelar que recompensaba adecuadamente a los que ellos sabían
que cortaban el bacalao.
Parece que la cuestión tiene pocos visos de prosperar en vía
judicial. Destacados miembros del mundo jurídico se han unido al criterio del
Fiscal que dice, entre otras cuestiones, que para que haya imputación debe
citarse el delito penal del que se acusa y que en este supuesto se hace una
acusación general, sin concretar, en base al más que probable conocimiento que
debían tener Chaves y Griñán sobre las prácticas corruptas de sus subordinados.
Y que además esas regulaciones favorecían los chanchullos porque con ellas se
eliminaron o suavizaron los sistemas de control que hubieran dificultado las
intenciones de los mangantes.
No quiero ni pensar las consecuencias que este criterio, de
ser avalado por el Supremo y sentar jurisprudencia, puede tener en la clase
política de este país. Muchos tenemos certeza – y otros muchos se irán adhiriendo
a este club – sobre el cuento de que la clase política es en general
inmaculadamente decente y que sólo un porcentaje muy pequeño participa en
actividades corruptas. Al día de hoy existe una impresión bastante generalizada
sobre, por ejemplo, el conocimiento de los líderes catalanes de las prácticas
corruptas en la administración autonómica. No es posible que durante 30 años se
haya institucionalizado una tasa del 3% sin que el común de los políticos
conociese o hubiese oído hablar del tema. Y entonces ¿habría que imputar a los
consejeros catalanes de Hacienda?. Por esa regla de tres, habría que imputar también
a los gobiernos que han aprobado las leyes del suelo que han permitido, entre otras
cuestiones, la corrupción en el sector del urbanismo. O a los que aprobaron las
preferentes, o las leyes de contratación del Estado, o las normas sobre
financiación de los partidos, o las de las subvenciones destinadas a la
formación de parados y trabajadores,…
La sra. Alaya confunde, con intención maliciosa en mi
modesta opinión, las responsabilidades políticas con las penales. No se puede
hacer una acusación penal ad hominem sobre todos los responsables de la
legislación urbanística por mucho que los ayuntamientos hayan estado plagados
de concejales y constructores que se lo han llevado crudo al amparo de esa legislación.
Conozco en profundidad el tema de la formación de trabajadores y puedo afirmar
sin temor que era de general conocimiento los chanchullos y desmanes que se
hacían con estos fondos públicos. Al albur del pueril concepto de consenso político
que hemos establecido en este país - y
que nos ha llevado al hundimiento, entre otros, del sistema financiero y de la
formación de los trabajadores sobre la base de que sindicatos y empresarios estaban
de acuerdo con las medidas porque eran parte fundamental del problema – se han
cometido desmanes estructurales con el reparto del dinero destinado a la formación.
¿Debemos meter en la cárcel a todos los que aprobaron leyes y planes sobre la
formación, o sólo a los que se han lucrado ilícitamente con ellos?. Porque si
hacemos una acusación del tipo Alaya el número de delincuentes obligaría a
destinar todo el presupuesto de licitación pública y las sucesivas ofertas de
empleo público a la construcción de cárceles y la contratación de funcionarios
de prisiones.
Flaco favor se hace a la búsqueda de la decencia porque cuando el Tribunal Supremo deje en agua de borrajas la imputación a
Chaves y Griñán, los socialistas sacarán pecho, harán tabla rasa y dirán que
todo el tema de los Ere´s era un invento de una jueza que se prestó a intereses
políticos. Y al mezclar el grano y la paja, sin diferenciar entre
chorizos e incompetentes, se está
propiciando que al final todo quede en grano, cuando hay una clara responsabilidad
penal por parte de unos y una evidente responsabilidad política por parte de
otros. Pero los anteojos y el cortoplacismo tiene estos inconvenientes: que ante
la premura de poner en el estrado incluso a los incompetentes, se acabe bajando
del mismo a todo hijo de vecino y que los que deberían haber desaparecido del
mapa político sean elevados a los altares políticos como compensación al papel
de mártir que han tenido que soportar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario